informa't! BCN

El pasado 14 de enero moría Prospero Gallinari en su garaje de Reggio Emilia, ex-dirigente de la organización terrorista italiana Brigate Rosse que tuvo el dudoso ‘honor’ de atribuirse el disparo que acabó con la vida de Aldo Moro en 1978. Honor que en 1993 le fue arrebatado, sin que nadie pueda saber las causas, para pasar a manos de Mario Moretti, otro destacado activista de la misma organización. Sobre el caso Aldo Moro se han escrito ríos de tinta, de manera que no es nuestra intención aquí desvelar o polemizar sobre un asesinato acerca del que se sigue especulando a día de hoy. Sólo los datos nos pueden servir para iluminar la intención de este artículo. A Aldo Moro lo secuestró una organización terrorista de extrema izquierda, la más longeva organización terrorista que ha dado la reciente historia europea, y lo asesinó 55 días después coincidiendo en el tiempo con un intento de formación de un gobierno de unidad nacional que contaba entre sus aliados con los demócrata-cristianos de Moro y los comunistas de Enrico Berlinguer. Hay que decir que años antes Moro ya había orquestado la regeneración de los demócrata-cristianos italianos pactando con el partido socialista para arrebatarle el cargo de primer ministro a Fernando Tambroni. Sin embargo, un pacto con los comunistas… eso ya era demasiado.

¿Cristianismo de izquierdas?

Existe, y hay que decirlo, un cristianismo de izquierdas. De hecho, no debería resultarnos tan extraño asociar la preocupación social de la iglesia cristiana con algunos planteamientos moderados de defensa de los derechos civiles. Ambos coinciden, de hecho, en muchos puntos, cosa que lo demuestra la última de las iniciativas políticas que se ha presentado en Cataluña.

Vaya por delante que no creo que sea equiparable la función que ostentan actualmente los demócrata-cristianos en Cataluña con la hegemonía que el mismo partido demostraba en la Italia de los sesenta y de los setenta, como tampoco cuenta Cataluña con una organización terrorista organizada que amenace los derechos de sus ciudadanos. Sin embargo, desconozco si la referencia a Moro les parecerá adecuada o no a Teresa Forcades y a Arcadi Oliveres, pero aquello que ha venido a llamarse el “Manifiest per a la convocatòria d’un procés constituent a Catalunya” pretende exactamente lo mismo que Moro intentó con su candidatura de centro-izquierda: unir las posiciones socialmente comprometidas con la pobreza y la injusticia de cristianos desencantados por la deriva “post-franquista” de la religión católica y de laicistas convencidos que luchan por defender los derechos sociales adquiridos a lo largo de todos estos años. La geometría en este caso sigue siendo igual de complicada y cabe preguntarse si finalmente esta hidra de izquierdas conseguirá cuajar en una tierra tan conservadora como es y ha sido Cataluña, y España.

El mismo día

Cómo mínimo, el debate parece interesante y elementos no faltan. Empezando por la imagen pública con la que se proyecta esta iniciativa: un economista declaradamente cristiano de 65 años y una monja benedictina relativamente joven. Atendiendo a las estadísticas demográficas del país en el que vivimos, a nadie puede extrañarle que este par de activistas posea una audiencia mayoritaria, como mínimo, dispuesta a oír sus argumentos. Ahora bien, la semana no terminó ahí, de hecho, no empezó así. Con un margen de 12 horas se presentó, a través de la red, el programa del Partido X, una iniciativa de la cual se desconocen sus promotores, que pretende aglutinar a todos los disconformes con la situación actual, vengan éstos de la derecha o de la izquierda, para construir una alternativa que consiga erradicar, en la medida de lo posible, la corrupción en todas sus acepciones. Una corrupción que se ha instalado a lo largo de los últimos treinta años en todas las capas del tejido estructural del estado de derecho y que impide que la sociedad se desarrolle de una manera justa e igualitaria.

Dos maneras de entender los movimientos sociales

Así que tenemos dos alternativas. Por un lado, Arcadi Oliveres y Teresa Forcades que presentaron, utilizando ese clásico de los miércoles en que se ha convertido el programa de la televisión pública catalana Singulars, dirigido por Jaume Barberà, el “Manifest per a la convocatòria d’un procés constituent a Catalunya”. Un manifiesto cuya intención no es fundar un partido político, sino sentar las bases sociales e institucionales que permitan redactar “una nueva Constitución para la República Catalana”. Sí, catalana, sin esconderse de nadie. El modelo de estado ha fracasado, defienden, y ha llegado la hora de regenerar la política empezando por Cataluña. Si luego Cataluña representa, como lo ha hecho en muchos momentos de la historia, la locomotora de España, pues bienvenido sea. Pero lo importante es que la sociedad catalana ha llegado al borde del colapso y hace falta implantar una serie de medidas básicas y urgentes que sean capaces de hacer frente a las necesidades de la población. ¿Como hacerlo? Creando una mega-plataforma política que integre la izquierda moderada y los movimientos sociales. Por decirlo con nombres y apellidos, tal y como sus portavoces explicaron, reuniendo en una sola fuerza al movimiento 15M, la PAH, Democracia Real, la Assamblea Nacional Catalana, Iniciativa per Catalunya els Verds, Esquerra Republicana y las CUP, un híbrido que según ellos debería conseguir la mayoría suficiente para cambiar el rumbo de la política catalana.

Por otro lado, tenemos al Partido X, cuyo programa consta de cuatro puntos y que, tal y como señalan, es fruto de la deliberación ciudadana por medio de foros abiertos creados para la ocasión entre el 29 de enero y el 18 de marzo de 2013. Como decimos, su programa se basa en cuatro puntos, cuatro mecanismos que según los participantes “componen democracia y punto”. Si consultamos su página web podemos leer que tales mecanismos son: la transparencia en la gestión pública, la promoción del wikigobierno y la wikilegislación, es decir, la elaboración de una legislación participativa y transparente, la defensa del derecho a voto real y permanente y, finalmente, la proposición de referéndums obligatorios y vinculantes. El Partido X, además, propone un interesante anexo dentro del cual figuran las obligaciones de los gobiernos y de los ciudadanos representantes de la ciudadanía. Se habla de penalizar el incumplimiento del programa electoral, de establecer un sistema de listas “mixtas”, el mismo que en Finlandia, Austria, Holanda, Bélgica, Dinamarca o Suecia, o de crear un comité de ética encargado de velar periódicamente por la gestión de los cargos públicos y las instituciones. Todo el material, que excede este escueto resumen, se encuentra perfectamente explicado en esta dirección: http://partidodelfuturo.net/. Es importante subrayar, como explicaremos más adelante, que todas las medidas se acompañan de acciones concretas. Cuando se habla de transparencia se habla de los principios que deberían regirla, si se habla de Wikigobierno se describen cuales son las fases para poder implementarla. Y así con todas sus reivindicaciones.

¿Dos posturas irreconciliables?

No debería extrañarnos que, si uno lee atentamente las iniciativas que proponen ambos espíritus, si es que podemos llamarlos así, advierta que existen muchos puntos de conexión y de posible colaboración. Ambos defienden la transparencia como bandera, la capacidad de decisión de una ciudadanía informada y comprometida, la supervisión del Congreso o el Parlament por comisiones de expertos que velen por una toma de decisiones ponderada y justa, en definitiva, la capacidad de los pueblos para decidir su propio futuro.

Sin embargo, existen dos grandes diferencias que, en mi opinión, convierten a estos dos movimientos en posturas irreconciliables: la voluntad política y el método. Por un lado tenemos un “Manifest”, que si bien se declara en fase de construcción viene firmado por dos personajes públicos, que busca la adhesión a su contenido y que apuesta por un gobierno de izquierdas: expropiación de la banca privada, medios de comunicación públicos bajo control democrático, eliminación de los privilegios de los políticos, oposición radical a las privatizaciones, etcétera. Mientras que el Partido X, por su parte, ha optado por elaborar su programa tejiendo una red colaborativa que reúne a más de 200 profesionales de varios países del mundo a través de internet con la intención de sintetizar e implementar los cambios necesarios para la mejora de la democracia. Su intención no es aglutinar a la izquierda, que dicho sea de paso considera como una hija bastarda de eso que ha venido a llamarse la Cultura de la Transición, sino construir un espacio político central basado en la monitorización del sistema democrático para mejorar las prácticas políticas y económicas con miras al bien común.

Podemos entrar a debatir qué método nos parece más democrático, si el primero, por ser sustentado por una mayoría interesada que se declara simpatizante con ciertos principios dados, o el segundo, por tratar de construir un programa a partir de la colaboración y el uso de la inteligencia colectiva. Pero una cosa es segura, en ambos casos hará falta un gran respaldo para que todo el trabajo realizado tenga sentido. Así que, como no me veo capaz de demostrar cual de las dos posturas es más democráticamente intachable, me limitaré a recordar las sabias palabras del gran José Luís Sampedro: “Hay dos maneras interpretar la fe. Hay quien primero cree en Dios y luego se inventa el Dios que le conviene y le da sus atributos. Pero también hay el hombre libre, que primero razona y luego cree lo que ha razonado”. Cada día estamos más informados, pero hace falta no dejarse llevar por el ruido. Para cambiar la historia y mejorar la calidad de vida de los que sufren esta crisis hace falta que ambos movimientos sean capaces de explicar sus razones y demostrarlas sobre el papel, sólo entonces estaremos hablando de iniciativas deseables para todos.

Así que habrá que esperar a ver qué ocurre en los próximos meses y, sobre todo, el próximo 15 de mayo. El riesgo ya lo conocemos, no sería la primera vez que una nueva iniciativa se dividiese a causa de las disputas internas. Si echamos la vista hacia atrás nos daremos cuenta de que las alternativas al poder, especialmente las que han venido desde la izquierda, muchas veces han acabado por fragmentarse y por boicotearse dentro de sus propias filas. Obsérvense cómo los enfrentamientos entre anarquistas y comunistas acabaron por dinamitar la República Española o como el tripartito catalán ha demostrado ser una de las peores y más ineficientes formulas de gobierno en una legislatura catalana, o por recuperar el ejemplo de Moro, cuando la ideología filo-soviética de las Brigate Rosse terminara con una de las audacias políticas más inesperadas del reciente siglo XX al no ver colmadas sus propias reivindicaciones.

Los problemas son varios

Razones no les van a faltar. Por un lado tenemos el problema de las coordenadas nacionalistas, justificadas para unos, provincianas para otros, pero irreconciliables en todos los casos. También existe el problema de la originalidad, que a nadie le quepa duda, y así lo demuestra un vistazo rápido los hashtags que rodean el proceso constituyente. Ambas formaciones, esto ha de quedar claro, intentaran capitalizar el sentir popular para hacer que el 15M vuelva a resonar en la consciencia de todos y cada uno de los afectados por la crisis, cosa que es buena, pero que alberga numerosas contradicciones, sobre todo si tenemos en cuenta que el 15M somos todos y no es de nadie. Otro de los problemas será la diferencia de medios, lo apuntábamos antes, la apuesta por las redes sociales y el pensamiento en red del Partido X dista mucho del mecanismo de adhesión que plantea el “Manifiest”. Y, por último, el principal de los problemas, el de planteamiento político: es cierto que apostar por una izquierda moderada y mayoritaria significa segmentar la población y dividir de facto el sentir de la ciudadanía en colores ficticios. Pero también lo es, pese a la voluntad transversal del Partido X, establecer como requisito para una democracia sana el uso de las redes sociales y la participación virtual en política dada la pirámide poblacional con la que contamos en España y las estadísticas de uso político que las redes sociales presentan en este país. ¿Que nos queda entonces? El problema de la confusión, de la falta de claridad, un hecho que puede atribuirse a todo aquel que no tenga un lugar privilegiado en los medios de comunicación y que juega en contra de ambas formaciones, el primero, por priorizar el anonimato por encima de cualquier personalismo, el segundo, por haber sido coreados en demasiadas ocasiones por los mismos argumentos a lo largo de demasiado tiempo.

Pero existe la grieta

Pese a todo, nos encontramos ante un momento que posiblemente marcará el futuro político de este país. Un momento que debe sentar las bases para desarrollar, en un espacio de tres años, una alternativa madura y sólida a los partidos políticos tradicionales. La idea, determinar de una vez por todas de quién estamos hablando cuando hablamos de indignados, de desahuciados, de desechados, de instrumentalizados y cuál es su verdadera influencia socio-política.

Es cierto que, pese a converger en muchos puntos, las dos iniciativas se enfrentan en cuestiones lo suficientemente importantes como para poner las cosas muy difíciles a la hora de plantear posibles alianzas. Pero pese a sus divergencias, ambas propuestas caminan en caminos paralelos hacia una misma dirección: hacia la grieta. Una grieta que representa una oportunidad para soñar. Una grieta que no quiere cerrarse y que, dos años después de la explosión indignada que pobló las plazas de toda España, necesita materializarse para no convertirse en una anarquía de dolor y resignación. En mi humilde opinión, alguien debería entender el sentido último de lo que significa un caballo de Troya. Ocupar el espacio social no es suficiente, tampoco el espacio simbólico, hacen falta representantes políticos capaces de enfrentarse a sus interlocutores con sus mismas armas, para cambiar las leyes, para renovar la justicia, para recuperar unos derechos cada día más deteriorados. Así que casi que no me importa quien llegue primero, mientras respete sus propias normas. Unas normas que se fundamentan en la defensa a ultranza de la transparencia y el consenso democrático.

Veremos qué ocurre, pero una cosa es segura, y esto es algo que hemos demostrado muchas veces: es imposible atribuirse el sentir de la ciudadanía, porque cuando ésta ve que alguien intenta atraparla, sencillamente, se regenera. Convencerla, ese es el único camino que nos queda.

Cristian Palazzi

Els fenòmens de naturalesa jurídica preocupen cada vegada més la ciutadania, i temes com l’augment de les taxes judicials, la possibilitat de canviar la Constitució, la utilització partidista de la reforma del codi penal, els resultats nefastos de la reforma laboral o el problema de les preferents, són alguns dels aspectes que més incògnites generen. En aquest sentit, hem convidat a una serie d’especialistes en la matèria perquè ens ajudin a entendre alguns d’aquest fenòmens i perquè ens plantegin algunes solucions viables.

Totes les conferències tindran lloc a l’Espai Jove La Fontana de Gràcia (Gran de Gràcia, 190) de 19:00 a 21:00 hores. L’assistència és gratuïta. Podeu confirmar aquí.

El pròxim vint-i-cinc de novembre tots els ciutadans de Catalunya estan cridats a les urnes per votar a favor o en contra del dret a decidir el seu propi futur. D’acord. Som-hi. Portem almenys dos anys reclamant aquest mateix dret. Des de les places, des de les xarxes socials. Després de l’esclat del maig de l’any passat no són pocs els especialistes que comencen a dir que un nou clima democràtic s’ha instal·lat a casa nostra. Es curiós, gràcies a la ironia del destí, ara, les dues arrels de la democràcia, el poble i el poder, tornen a trobar-se al punt exacte d’on originàriament van brollar.

I què vol dir que Catalunya pugui decidir el seu futur? Doncs quan es parla del dret a decidir no és només de la independència del poble de Catalunya respecte a l’estat espanyol del que és parla, sinó també del dret a decidir quin tipus de justícia s’hauria d’administrar davant la corrupció generalitzada de tots els partits polítics; del dret a decidir quines haurien de ser les prioritats abans de retallar en matèria de sanitat i l’educació; del dret a decidir quin tipus d’economia es voldria fomentar davant la distribució injusta de la riquesa; del dret a decidir quin tipus de justícia hauria de prevaldre davant els abusos que exerceixen els bancs sobre els que no poden pagar. Tothom vol dir la seva i és per això que, amb tota probabilitat, la participació serà massiva.

El dret a decidir és una constant que ha estat reivindicada amb força durant tots aquests anys i, ara, els convocants de les eleccions del 25N l’assumeixen com a propi. Sembla que s’hagin adonat que, sense la veu del 99%, la política no és ningú. I és així. Després de dos anys al carrer, la idea que la legitimitat de les decisions polítiques depengui en última instància del poble torna a ser una realitat. Avui el poder torna a emanar de la seva font originaria, el 99%, i això vol dir que el que tenim per davant representa una oportunitat històrica: transformar la indignació en acció, en regeneració democràtica, ser un exemple per a tots aquells que no estan en condicions de decidir la vida que volen viure.

Que si volem independitzar-nos? És clar que sí, sobretot, de la corrosió que viu la societat contemporània. També de la demagògia dels mitjans de comunicació, del clientelisme de la política, de la ineficàcia del sistema democràtic per satisfer els interessos de la majoria, de la hipocresia generalitzada, de les quotes als consells d’administració, de la ineficiència generalitzada que s’ha instal·lat als passadissos del poder i de la manca d’ètica dels nostres representants polítics.

Esperarem que passi tot el vendaval propagandístic i darrere de les proclames quedarà la mateixa indignació, la mateixa voluntat, el mateix sentiment del que deia el vell Aristòtil que sorgia el sentiment de la justícia. El 99% sap que el dret a decidir no és quelcom que tingui a veure amb la conjuntura actual, sinó que representa l’essència mateixa de l’exercici democràtic. Donar-se la llei. Autoregular-se d’acord amb els interessos de la majoria. Aquests són els principis que l’inspiren.

L’onze de setembre de dos-mil dotze la major part de la societat catalana reclamava una mateixa voluntat. Famílies, joves, científics, empresaris, treballadors, polítics, manobres, tothom hi estava d’acord, el 99% de catalans que van sortir al carrer aquell dia van somiar en la possibilitat de fer realitat una nova societat més justa. Escoltem-los. I actuem en conseqüència.

Dins de la programació del IV Free Culture Forum celebrat al Centre d’Art Santa Mònica els dies 25-27 d’octubre de 2012, Informa’t! BCN ha volgut posar èmfasi en la sessió “Democràcia de xarxa”. Durant aquella tarda Francisco Jurado, Robert Bjarnson, Pablo Castellanos, Javier Toret, Jérémie Zimmermann i Malén Aznárez, entre d’altres, van explicar algunes de les experiències que relacionen el desenvolupament de les noves tecnologies amb una nova manera d’entendre la democràcia.

Plaza de Tiananmen 1989

Podéis descargar los artículos pinchando en los enlaces o en la página de la Universidad Autónoma Metropolitana

01.-Norberto Bobbio. Definición de desobediencia civil

02.-Platón. Apología de Sócrates

03.-John Locke. Ensayo sobre el gobierno civil

04.-Óscar Godoy Arcaya. Absolutismo, tiranía y resistencia civil en el pensamiento político de John Locke

05.- Henry David Thoureau. Del deber de la desobediencia civil

06.- León Tolstoy. A los hombres políticos

07.-Giuseppe Mazzini. Los deberes del hombre

08.-Pietro Ameglio Patella. Gandhi y la desobediencia civil

09.-Nelson Mandela. La resistencia secreta

10.-Martin Luther King. Carta desde la cárcel de Birmingham

11.-Bertrand Russell. La desobediencia civil y la amenaza de guerra nuclear

12.-Noam Chomsky. Sobre la resistencia

13.-Erich Fromm. La desobediencia como problema psicológico y moral

14.-Hannah Arendt. Crisis de la república

15.-John Rawls. El deber y la obligación

16.-Ronald Dworkin. Los derechos en serio. Desobediencia civil

17.-Jürgen Habermas. Otoño de 1983 o la neutralización moral del derecho.

18.-Ariel H. Colombo. Desobediencia civil y democracia directa

19.-Arato y Cohen. Desobediencia civil y sociedad civil

20.-Michael Randle. Dinámica de la acción no violenta

1.  QUÉ ES LA DESOBEDIENCIA CIVIL

John Rawis nos da la siguiente repuesta en su “Teoría  de la justicia”: “Comenzaré definiendo la desobediencia como un acto público, no violento, consciente y político, contrario a la ley, cometido con el propósito de ocasionar un cambio en la ley o en los programas de gobierno”, Señalando también como rasgo específico que el desobediente civil actúa “dentro de los límites de fidelidad a la ley”. 

Desarrollaré brevemente alguno de los rasgos del fenómeno señalados por Rawls puede ayudar a hacerse una idea de la dimensión del mismo.

Se trata de actos de desobediencia consciente y deliberada a la ley que se realizan de modo notorio con el propósito de provocar un cambio. Puede pretenderse cambiar la misma ley que se desobedece o bien otra ley o una política  gubernamental. En el primer caso se habla de desobediencia civil directa (…). En el segundo de desobediencia civil indirecta. Que no coincidan la ley que se desobedece y la medida normativa que se pretende que cambie, suele venir determinado por la imposibilidad de infligir directamente esta última. Así, los jóvenes norteamericanos que se negaron a ir a la guerra del Vietnam no infringieron la decisión de iniciar la guerra (¿cómo podrían haberlo hecho?), sino las leyes de reclutamiento contra las cuales no iba dirigida la protesta en principio.

Que la desobediencia se realiza “dentro de los límites de fidelidad a la ley”, lo formula Garzón Valdés diciendo que “el desobediente civil no pone en cuestión el sistema sociopolítico en el que actúa”. En definitiva, se pretende conseguir “un cambio en la ley o en los programas de gobierno”, pero ese cambio debe tener lugar sin alterar los mecanismos formales de toma de decisiones estatales. Todo lo contrario de una acción de tipo revolucionario que pretendiera conquistar o quebrar esos mecanismos.

2.  ¿CARÁCTER MORAL O POLÍTICO DE LA DESOBEDIENCIA CIVIL?

Los teóricos que se han ocupado del problema suelen reconocer formalmente el carácter político de la desobediencia civil. Sin embargo, limitan los argumentos que el desobediente puede utilizar a aquellos de carácter moral-individual. La consecuencia es dejar al desobediente absolutamente indefenso frente a las represalias legales. En este apartado se pondrán en evidencia las razones por las que el desobediente confinado a la argumentación moral individual pierde toda posibilidad de defenderse. Por otro lado, se intentará demostrar que las motivaciones morales del desobediente son insuficientes para dar cuenta de los rasgos más destacados del fenómeno.

La perfección moral individual de un acto consiste en la coherencia entre los principios de la conducta (la “conciencia”) de un determinado individuo y su actuación. La conducta debe ajustarse a las propias convicciones incondicionalmente. Es decir, no valen excusas: las consecuencias desagradables que la actuación pueda tener para el propio individuo no deben ser tenidas en cuenta.  
Al limitar los argumentos del desobediente a aquellos de naturaleza estrictamente moral, se le obliga a presentarse ante el tribunal y poder alegar únicamente; “desobedecí porque obedecer hubiera significado obrar contra mi conciencia”, Esta afirmación puede llegar a emocionar al juez, pero es incapaz de hacer mella en la lógica de la aplicación de la ley. El juez y el desobediente hablan lenguajes distintos. Cada uno basa su actuación en argumentos diferentes y no llegan nunca a encontrar una base común que permita una discusión. Es más, a medida que cada uno profundiza en su argumentación se aleja más del otro. El juez irá ascendiendo por leyes cada vez más generales hasta llegar a la más general de todas y al pueblo que la aprobó. El desobediente iniciará una introspección cada vez más profunda para descubrir sus autenticas convicciones y su autentica voluntad. El resultado final será que a cada uno de ellos le traerán sin cuidado las razones del otro. El desobediente puede despreciar como irrelevante el hecho de violar la ley y la ley castigar una conducta que al desobediente pueda parecer moralmente aceptada. La diferencia está en que es el desobediente quien va a la cárcel.
La coherencia entre las propias convicciones y la propia conducta no es, sin embargo, suficiente para explicar por qué pretende cambiar la ley, en algunos casos, ni siquiera puede explicar la propia desobediencia.

El carácter abierto de la desobediencia es presentado como un requisito para la perfección moral del acto. Las propias convicciones deben estar por encima de cualquier otra consideración. Por ello, uno no debe intentar huir del castigo manteniendo oculta su desobediencia. Es más, debe aceptarlo sumisamente. 
  
Esta argumentación es absolutamente falaz. Que uno mantenga sus convicciones aun cuando puedan acarrearle consecuencias desagradables, no significa que tenga que ir a buscarlas. Simplemente significa que esté dispuesto a no cambiar su modo de actuar aunque se den esas consecuencias.

En realidad, el hecho de que el desobediente no intente ocultar su desobediencia, sino que la haga notoria, no demuestra que sus convicciones estén por encima de cualquier otra consideración. Al contrario. Demuestra que considera la ley incluso por encima de sus convicciones. El carácter abierto de la desobediencia no es una consecuencia del carácter absoluto del imperativo moral que la impulsa, sino una consecuencia del respeto a la ley.

Si el desobediente desobedeciera impulsado por una repugnancia moral individual, bastaría como objetivo la consecución de una excepción para el caso concreto. No tendría explicación que el objetivo de la desobediencia fuese cambiar la ley o política contra la que se protesta. Del mismo modo, la repugnancia moral individual no explica la desobediencia cuando el desobediente no se encuentra ante el dilema de desobedecer la ley u obrar contra su conciencia. Quienes, violando las leyes que regulan las exportaciones norteamericanas, enviaron alimentos y medicinas a los vietnamitas no se encontraban ante tal dilema.

Estas consideraciones parecen indicar que las razones por las que el desobediente viola la ley no se agotan en sus convicciones personales, en su conciencia. El desobediente desobedece una ley porque considera que en sí o por su conexión con otras leyes o con una determinada política gubernamental esa ley no debe ser obedecida. Su crítica se mueve en el plano de la legitimación de las normas jurídicas. Y esa crítica sigue una estrategia que sí coloca al Estado ante el dilema en que algunos teóricos parecen colocar al desobediente: al desobedecer la ley aduciendo razones de legitimidad, el desobediente coloca al estado ante la alternativa de reafirmarse en su política o cambiarla. Desde el momento en que el Estado se encuentra ante la violación de una ley se ve obligado a adoptar una decisión jurídico-institucional. Si absuelve al desobediente debe modificar la ley o política que motivo la protesta. Si le condena, está reafirmándose en esa ley o política. Sin embargo, algunos teóricos piensan que la condena se agota en el campo legal y no exige otras consideraciones. Es el tema de la imposible justificación legal de la desobediencia civil, que se va a tratar a continuación.

3. LA IMPOSIBLE JUSTIFICACIÓN LEGAL DE LA DESOBEDIENCIA CIVIL.

Los teóricos suelen estar de acuerdo en que es imposible justificar legalmente la desobediencia civil. Así, por ejemplo, Carl Cohen afirma: “de la naturaleza de un acto cualquiera de desobediencia civil se sigue que no puede dársele una justificación legal. En un sistema jurídico dado, la ley no puede justificar la violación de la ley”.

Esta postura, que también mantiene ele profesor Garzón Valdés, viene a significar lo siguiente: es lógicamente imposible que una conducta esté, a la vez,, prohibida y permitida por un determinado sistema normativo. Independientemente de los problemas lógicos-normativos que una afirmación de este tipo da por resueltos sin más, lo que resulta sorprendente, casi aterrador, es la consecuencia final que esta postura tiene: la causa de que el desobediente tenga que ser castigado resulta ser la imposibilidad lógica de que una conducta esté a la vez prohibida y permitida en un sistema normativo determinado. Es decir, es la lógica quien envía a la cárcel al desobediente.
Unas mínimas nociones de esa rama del saber que es la lógica son suficientes para darse cuenta de que no encierra en absoluto la agresividad suficiente como para privar a alguien de su libertad. La lógica es absolutamente inofensiva. Hay que intentar averiguar que mecanismos permiten presentarla como principal responsable en este caso.

Lo que hacen los teóricos al argumentar así es formular una verdad sólo a medias. “En un sistema jurídico dado, la ley no puede justificar la violación de la ley.” Es decir, el desobediente no puede tener defensa legal alguna. De esta verdad a medias se deduce la consecuencia: por consiguiente, desde el punto de vista legal, el desobediente debe ser castigado (¿qué otro sentido podría tener la expresión “imposible justificación legal”?).

“La ley no puede justificar la violación de la ley” es una verdad a medias, porque debe ser completada por otra: “ la ley no puede justificar la aplicación de la ley”. Del mismo modo que la ley no puede encontrar en sí misma la justificación para cambiar, tiene que salir de sí misma para encontrar las razones por las que debe regir.

Presentar sólo la primera mitad de la verdad supone presentar como autónomo un ámbito que en realidad no lo es. El desobediente civil no tiene defensa legal posible; por lo tanto, desde el punto de vista legal, debe ser castigado. Esta argumentación implica que pueden encontrarse en la ley razones suficientes y completas para castigar a alguien. Desde luego, la ley es la base en función de la cual se impone el castigo. Pero si la argumentación se detiene ahí, se olvida el hecho de que la ley tiene que buscar su propia base y de que ésta está fuera de ella. Si se consideran suficientes y completos los argumentos legales, entonces se está ahorrando a la ley el tener que salir fuera de ella a buscar las razones de su obligatoriedad. En definitiva, se está considerando autolegitimada a la ley.

Es un hecho que si el desobediente civil no tiene una buena defensa legal va a ser castigado. Cabalmente el argumento de la imposible justificación legal de la desobediencia civil tiene de cierto sólo eso. De hecho extrae todo su poder de convicción. Sin embargo, los teóricos no dicen simplemente “el desobediente civil va a ser castigado porque no tiene defensa legal”, sino que dicen “desde el punto de vista legal, la conducta del desobediente no tiene justificación”. ¿De dónde ha surgido el término “justificación”? ¿Cómo se ha dado el salto de la argumentación fáctica a la argumentación moral? De ningún modo. El hecho sigue siendo el mismo, sólo que ahora se le llama de otra manera. Al hacerlo así se presenta como legítimo, pero sin ofrecer ninguna razón para ello. La ley sólo se autolegitima porque rige, porque es aplicada, porque es efectiva, sin necesidad de ninguna otra razón. Este es el verdadero alcance del argumento de la imposible justificación legal de la desobediencia civil.

4.  DESOBEDIENCIA Y ORDEN.

Las anteriores consideraciones habrán servido para poner de manifiesto que el terreno de la discusión no es de la moral (entendida como moral individual) ni el de la legalidad, sino el de la legitimidad. En definitiva, la cuestión que se plantea es la de si y en caso la desobediencia civil es un medio legítimo de influir en la toma de decisiones estatales.

Los teóricos han utilizado dos argumentos contra la posibilidad de considerar la desobediencia civil como un modo legítimo de participación política: la necesidad de un orden para que la convivencia sea posible y el carácter democrático de la ley o política contestada. En este apartado se intentará demostrar que es una falacia presentar la preservación del orden en abstracto como una razón a favor de la desobediencia a las leyes (o en contra de su desobediencia).

El argumento relativo al peligro que la desobediencia puede suponer para el orden suele presentarse del modo descrito por Howard Zinn: “Un argumento habitual es que la desobediencia, incluso de leyes malas, está mal porque propicia una falta general de respeto por las leyes, incluso por las buenas leyes.”

Tanto en ésta como en otras versiones al argumento se basa en un mismo temor: que se propicie que el cumplimiento de las leyes pueda quedar al arbitrio de los ciudadanos. Con ello se volvería al reino de la arbitrariedad individual, de la ley del más fuerte, y cualquier convivencia ordenada resultaría imposible.
La falacia de presentar el argumento del orden como un argumento válido autónomamente estriba en que se identifica inmediatamente el hecho de que los ciudadanos en su gran mayoría ajusten sus conductas a unos cánones preestablecidos con el hecho de que este orden constituya una garantía contra la arbitrariedad individual (y, por consiguiente, cualquier reacción contra él sea necesariamente arbitraria).

Lo único que no es arbitrariedad individual es la voluntad general (eliminada la hipótesis de una instancia extramundana que sirva de punto de referencia). Si se considera que ningún individuo o grupo de individuos puede encarnar de algún modo místico esa voluntad general, entonces sólo la voluntad de la mayoría es la instancia real capaz de determinar ese interés general. Por consiguiente, sólo la voluntad de la mayoría no es arbitrariedad individual.
El hecho de que una gran mayoría de los ciudadanos e, incluso, que una gran mayoría de los funcionarios y dirigentes estatales ajusten sus conductas a patrones preestablecidos, no significa, sin embargo, necesariamente, que están actuando de acuerdo con el interés general. Si se piensa en una dictadura, se entenderá rápidamente lo que quiero decir. En un régimen autoritario los ciudadanos y una gran parte de los funcionarios observan conductas ordenadas, quizás más ordenadas (= mejor ajustadas a patrones preestablecidos) que las conductas que observan  los ciudadanos de regímenes democráticos. No obstante, el modo cómo se adoptan las decisiones en la cúspide no permite descubrir ningún mecanismo de control real que constriña a tomar esas decisiones de acuerdo con la voluntad de la mayoría. Esas decisiones deben ser calificadas de arbitrarias y el orden que generan como un orden que no sólo no es garantía contra la arbitrariedad individual, sino que es garantía de la arbitrariedad individual. Ese orden jerárquico es simplemente un mecanismo para eliminar las resistencias que autoridades, funcionarios y ciudadanos pudieran oponer a los designios de un grupo de individuos o, incluso, de un individuo solo. 
El orden es necesario para la convivencia, pero lo es en la medida en que pone freno a la arbitrariedad individual. Si uno se queda sólo en la necesidad del orden sin indagar acerca de sus razones y de sus requisitos, cualquier orden le servirá. El hecho de que los ciudadanos ajusten sus conductas a las normas será suficiente para él. De este modo, presentará como legítimo cualquier orden con el único requisito de que rija, de que tenga fuerza. Y éste es precisamente, como señala Howard Zinn, el mejor camino para que los ciudadanos pierdan el respeto a las leyes y se enfrenten abiertamente a las mismas: “El peligro viene del otro lado. Cuando se mantienen normas que violan el espíritu humano (como las normas de segregación racial), o el imperio de la ley protege situaciones intolerables (como la pobreza de Harlem en medio de la riqueza de Manhattan), y al víctimas no han encontrado un camino de protesta organizado vía desobediencia civil, algunos se sentirán tentados a cometer crímenes a modo de desquite.”

5. DESOBEDIENCIA Y DEMOCRACIA.

El orden considerado en abstracto no puede ser presentado, por consiguiente, como un argumento en contra de la desobediencia. La verdad del orden está en su papel de ser el garantizador de que aquellas actuaciones relativas a asuntos de interés general no se realicen siguiendo criterios particulares. La verdad del orden está en la democracia.

Algunos teóricos consideran que los mecanismos del moderno Estado democrático son suficientes para<garantizar que todas sus decisiones se ajusten al interés general expresado por la voluntad de la mayoría. Precisamente éste es uno de los argumentos que manejan quienes consideran injustificable la desobediencia civil. Así, Abe Fortas afirma: “[...] nuestros mecanismos democráticos funcionan realmente [...] pueden dar respuesta a las demandas esenciales y pueden hacerlo sin revolución”. 
Esta postura sería una manifestación de la tendencia teórica a la progresiva des-problematización de la autoridad del Estado a que hace referencia Carole Patermen. La autora señala ésta como una de las características diferenciales de los argumentos contemporáneos frente a teorías “clásicas” como la de Locke. En concreto; escoge el ejemplo de la “Teoría de la justicia” de Rawls y el análisis que hace del modo en que este autor elude el problema resulta ampliamente revelador:
“Rawls, en la “Teoría de la justicia”, admite que el Estado liberal-democrático ejerce una autoridad política justificada sobre sus ciudadanos. Su “posición original” y las elecciones de sus “partes”, es un mecanismo para demostrar por qué unos supuestos juicios “nuestros” acerca de la democracia liberal son racionales y aceptables. Nos demuestra por qué estamos en lo justo al considerar la relación entre los ciudadanos y el Estado del modo como lo hacemos – como una relación que incorpora una obligación política. El contrato de Rawls muestra la racionalidad del Estado; a diferencia de la teoría clásica dl contrato social si admite ni parte de la postura de que la autoridad del Estado plantee algún problema. En otras palabras, el Estado liberal-democráitco es hoy día completamente dado por supuesto como si fuera un rasgo natural del mundo.”

Es decir, lo que hace Rawls es presentar al Estado como una parte de la relación y al individuo como la otra parte; a partir de ahí, demuestra que es racional por parte de los ciudadanos admitir la obligación política. Deja por consiguiente de lado la cuestión de cómo ha llegado el Estado a constituirse en parte, de cómo ha adquirido la autoridad suficiente para ello. Deja de lado que los medios materiales necesarios para hacer valer su autoridad son producidos por la sociedad y, por tanto, el problema de quién y de qué modo se ha apoderado de esos medios. El hecho de que el Estado tenga autoridad y poder se presenta como un dato natural. A diferencia del caso de Locke, pues éste explica (aunque pueda considerarse que lo hace de modo inadecuado) por qué procedimiento llega a tener autoridad y poder el Estado: mediante la renuncia de todos los ciudadanos a su derecho-poder de castigar y su transmisión a la comunidad y al Estado.

El sentido de la desobediencia civil es, precisamente, el de replantear esa problemática. Explícitamente los desobedientes civiles no llegan hasta el punto de presentar como problemático el hecho de que el Estado tenga poder. Tampoco cuestionan en términos generales el funcionamiento de la democracia representativa como mecanismo de control de ese poder (éste sería el sentido en que Rawls dice que los desobedientes actúan dentro de los límites de “fidelidad” a la ley). Lo que sí cuestionan es que la aplicación de la formula escolástica del Estado liberal sea suficiente siempre para resolver la cuestión de si una determinada ley o política es legitima. Determinar si una medida normativa responde o no a la voluntad de la mayoría es una cuestión empírica. Resolverla en sentido afirmativo implica demostrar que efectivamente la mayoría ha tenida posibilidad de controlarla. Y los mecanismos del Estado liberal-democrático no son absolutamente infalibles.

Así, Bertrand Russell pone de relieve cómo la “democracia, aun cuando menos proclive a los abusos que la dictadura, no es de ningún modo inmune a los abusos de poder por parte de las autoridades o de corruptos intereses”. Y señala como principal método para lograr llevar a cabo estos abusos la distorsión de la información y el silenciamiento de los órganos de prensa bajo el pretexto de la “razón de Estado”, especialmente en asuntos relativos al armamento nuclear. Estos métodos tienen como consecuencia ocultar a los ciudadanos cuáles son las verdaderas decisiones y cuáles son las razones que las apoyan e impedirles, por consiguiente, que puedan censurarlas.
Los desobedientes civiles ponen de manifiesto, pues, que en ciertos casos una decisión puede ser formalmente irreprochable aun en el seno de un sistema liberal-democrático y sin embargo ilegítima. Existen puntos negros en el funcionamiento de las instituciones que no permiten quedarse tranquilos penando simplemente en las garantías formales del Estado de derecho. Por eso, el examen de la legitimidad de una decisión debe realizarse en cada caso, comprobando hasta qué punto ha podido ser controlada por la mayoría.

6.  LA JUSTIFICACIÓN DE LA DESOBEDIENCIA CIVIL.

De acuerdo con este planteamiento del problema resulta imposible que el desobediente pretenda que su acción esté a priori justificada. Si lo pretendiese, se estaría presentando a sí mismo como encarnación de la voluntad de la mayoría. Lo cual iría en contra de toda la lógica de la protesta: por un lado, el desobediente considera que, en términos generales, los órganos representativos llegan a decisiones que coinciden con la voluntad de la mayoría. Por otro lado, tiene conciencia de que, en determinados casos, se producen fallos en el mecanismo representativo que no garantizan el control por parte de la voluntad de la mayoría, de las decisiones institucionales. El sentido de su protesta es conseguir que éstas se ajusten a aquellas. Es la voluntad de la mayoría la que debe tener la última palabra, no el desobediente.
Ha sido precisamente el situar el problema de la justificación en el momento de la desobediencia lo que ha dado mayor fuerza a la postura contraria a la misma: “Sí, puede que esta ley sea injusta, pero ¿quién es usted para juzgarlo?”, es, en síntesis, lo que se le dice al desobediente.

Sin embargo, si el problema de la justificación se traslada al momento de la reacción de la opinión pública, esta postura pierde gran parte de su fuerza. Ya no es el desobediente quien juzga la legitimidad de una ley, sino la instancia real depositaria de la legitimidad. En el caso de que esa instancia fuera favorable al cambio propugnado por el desobediente, ¿a quién habría que dar la razón? Dar la razón a las instituciones sería lo mismo que afirmar que son ellas las depositarías de la legitimidad y no el pueblo.

La legitimación de un acto concreto de desobediencia civil tiene que venir medida por la aprobación por parte de la comunidad de sus objetivos. Pretender que un acto de desobediencia civil pueda estar justificado de antemano, puede conducir fácilmente a la desfachatez que rezuma un libro aparecido recientemente en Italia, donde el interés más particular se convierte en legitimación suficiente para desobedecer cualquier tipo de ley o mandato. Con ello sólo se consigue desprestigiar y trivializar este modo de protesta. Por otro lado, el no darse cuenta del significado de esta mediación impide a quien es honesto dar al desobediente otro trato distinto del que se da a quien obra movido por sus ideales o su conciencia. Este sería el caso del profesor Acton. En síntesis, este autor nos viene a decir lo siguiente: aquella persona que obra según su propia conciencia debe merecer nuestra aprobación moral aunque no compartamos sus puntos de vista. Esta aprobación debe traducirse en un respeto y el profesor Acton lanza la final de su artículo un llamamiento con el fin de que se creen los, mecanismos necesarios para garantizarlo.

“La cuestión que me gustaría dejar clara aquí es la de que si este tipo de respeto ha de ser posible, deben existir modos establecidos de manifestarlo; deben existir normas de cortesía o rituales que todas partes entiendan y usen.”
Después de lo que se ha expuesto aquí, creo puede afirmarse que la verdadera razón por la que el desobediente civil merece respeto es que la única arma con la que cuenta es su capacidad de convicción. No se trata tanto de que obre de acuerdo con su conciencia como de que esté dispuesto a someter sus propuestas al juicio de los demás. Alguien que obra por motivos de conciencia puede ser un fanático. El desobediente civil no lo es. No cree estar de antemano en posesión de la verdad ni tampoco pretende imponerla por la fuerza. Por eso sí merece respeto. Pero en caso de que su protesta ponga de manifiesto que exista verdaderamente una fractura entre la voluntad institucional y la voluntad de la mayoría, no sólo merece respeto. Ante todo merece que no se le castigue. Castigarle sería aplicar la ley por la ley.

Barcelona, 1983

(Entrevista sencera feta pel butlletí de la Fundació per la Pau número 89) Podeu consultar-lo aquí.

Pepe Beúnza va ser el primer objector de consciència no violent de l’Estat espanyol l’any 1971. La seva decisió li va comportar un total de dos anys de presó en deu presons diferents i en dos calabossos, dos consells de guerra i quinze mesos en un batalló disciplinari al Sàhara. En Pepe creu que encara queda molta feina a fer perquè “quan llegeixes el diari quedes parat de l’afany de l’home per autodestruir-se” però està convençut que “hem nascut per ser lliures i feliços, per viure en harmonia i gaudir d’aquest planeta que tenim, que és un tresor.” I aquest és un objectiu que només es pot assolir amb la noviolència.

D’on van venir les idees i la força per tirar endavant el moviment d’objecció de consciencia?

Jo em vaig iniciar en la lluita universitària contra el franquisme. Posteriorment, vaig sentir a parlar de la comunitat de l’arca de França els vaig anar a conèixer. Ells em van parlar de l’objecció de consciència per primera vegada. Allà vaig conèixer diverses persones que havien desertat o que eren objectors de la guerra d’Algèria. Aquests van ser els meus mestres, em van acollir, em van donar la seva amistat, la seva hospitalitat, i sobretot el seu coneixement i la seva fortalesa.

I després?

El problema que teníem era com ho fèiem aquí. A través dels amics de l’arca i de grups que es van anar formant a poc a poc, varem anar fent xerrades i va néixer un petit grup disposat a participar en la campanya de l’objecció. Però calia algun objector que estigués disposat a anar a la presó i jo em vaig oferir. Una vegada a la presó va començar tota una campanya de suport a l’objecció de consciència.

Després de més de 30 anys el balanç que queda és de prop d’un milió d’objectors, quaranta mil insubmisos i una suma total de més de 1.000 anys de presó.

Us esperàveu que una acció com la vostra, del col·lectiu d’objectors i insubmisos, podria arribar a posar fi al servei militar obligatori?

Nosaltres pensàvem que amb la fi del franquisme la situació milloraria però un balanç tant espectacular no l’esperàvem. I vam estar a punt d’aconseguir el somni de tot pacifista: que a la crida de l’exèrcit d’anar a la caserna, no hi anés ningú. Era tant ràpid el creixement de l’objecció que van agafar molta por i això va fer que el servei militar que estava previst que acabés el 2012 finalitzés l’any 2002. Va quedar significada la fi de la coartada ideològica de l’exèrcit. Si ningú no va a la caserna vol dir que no tenen suport social. L’exèrcit no serveix per defensar el poble i, per tant, el poble no vol participar de l’exèrcit.

Hem acabat amb una resta d’esclavatge medieval “l’impost de sang” que significava el servei militar obligatori, però encara ens queda molta feina: la lluita pel desarmament. És un atac al sentit comú que amb totes les necessitats socials que tenim, de tipus sanitari, educatiu… dediquem un esforç tan gran a la compra d’armes.

Com sol passar en la majoria d’avenços socials, vindrà un dia en què s’oblidarà el que va costar aconseguir la desaparició de la mili obligatòria. S’ha de recordar això als joves d’avui?

És molt important recordar-ho per dos motius. El primer, perquè no hi ha conquesta social que sigui per sempre, s’han d’anar defensant contínuament i millorar-les. El segon motiu és que les lluites socials que ens han permès avançar han de ser estudiades per ensenyar a la gent com es fa una campanya política i com es poden canviar les lleis per millorar la societat. En la lluita per l’objecció i sobretot en la dels insubmisos, hi ha molts elements per estudiar: les estratègies, els dubtes, els sacrificis, els passos endavant, els passos enrere, el tema de l’autoinculpació i la solidaritat que van crear. És molt important que els joves sàpiguen que la fi del servei militar obligatori no va ser gratuït, va costar molts sacrificis.

Quina creu que ha de ser la principal “objecció de consciència” personal i col·lectiva, que hauríem de fer avui en dia per avançar cap a una cultura de pau?

Hi ha tants fronts que és molt difícil dir-ne un de sol. Cadascú ha d’escollir aquell pel qual es consideri més preparat. Hi ha l’objecció de les escoles, per exemple, que no admeten cap propaganda militar ni que els nens visitin les casernes. L’objecció científica: és molt meritori que, donada la dificultat de la recerca aquí, un investigador digui que no participarà en cap programa que tingui a veure amb el tema militar. Hi ha també l’objecció fiscal. O en l’àmbit municipal quan un ajuntament impedeix que hi hagi cap desfilada militar, ni central nuclear, ni casernes, en el seu territori, etc. Jo penso que la objecció de consciència s’hauria d’anar estenent a tots els àmbits de la societat. I promoure una cultura de pau en positiu.

L’objecció és com una negativa però en realitat té un aspecte molt positiu: no volem una cultura de mort perquè estem per una cultura de pau, una cultura de vida. Si tu treballes per la cultura de pau tu ja vius aquesta cultura de pau. Encara que la societat no la veurem transformada en poc temps, com a mínim nosaltres ja participem d’aquesta vida.

La Fundació per la Pau compleix 25 anys. En què considera que s’ha avançat respecte l’any 1983?

En educació de cultura de pau s’ha millorat molt, sens dubte. Tant a nivell d’eines com de sensibilització. Fa 25, 30 anys, aquest àmbit era un desert. També s’ha de dir que molts dels objectors i insubmisos ara són mestres i han sabut treballar aquest tema, tot i que el fruit es veu a llarg termini. El que passa és que les escoles han de batallar amb la cultura capitalista que és agressiva, competitiva i violenta i costa molt defensar-se’n. Aquesta cultura del primer, és una cultura antinatural. No hem nascut per ser el primer, hem nascut per ser junts. El culte al primer és molt perillós perquè anul·la a tots els altres i al primer també perquè el deixa en un lloc absolutament aïllat i les persones no estem fetes per estar aïllades sinó per compartir, per tenir amistats.

Per què ens seguim agafant doncs a aquests falsos arguments?

Perquè el sistema capitalista es basa en la competència, en l’egoisme i el guany absolut i aquestes activitats són absolutament antinaturals perquè nosaltres com persones som sociables, necessitem la tendresa, la comprensió la compassió i d’això el sistema capitalista no en dóna res. Vivim una mica de miratges, ens fan com un mirall i només quan tens un drama profund a la vida t’adones que l’important són altres coses.

Creu que són necessaris els exèrcits?

Pels que venen armes si, però pels altres no gens. A partir de la bomba atòmica, són absolutament ineficaços. Hem de canviar de xip si volem defensar-nos, si volem preservar l’espècia humana. Els exèrcits, amb l’excusa que defensen la vida s’han convertit en la principal amenaça contra la vida, que és la bomba atòmica. A partir d’aquí l’única alternativa es la noviolència. Pensar que es pot fer una revolució amb violència quan tu tens davant un adversari amb armes atòmiques és absolutament impensable. La noviolència és la força més poderosa de totes, és una força imparable, amb les seves accions de desobediència civil, de no cooperació jo crec que és una força extraordinària. I això és el que hauríem d’ensenyar a la gent, això és el que hauríem d’aprendre. Això és el que s’hauria d’ensenyar a l’escola. No hi hauria tirania que aguantés a la desobediència civil.

Com ens preparem per a la noviolència?

El primer que s’hauria de fer és estudiar la història i aprendre que el camí de la violència no porta enlloc. El segle XX és un segle d’heroisme i de sacrifici extraordinari, però com va acabar la revolució russa? I la xinesa? I la de Cuba? La violència el que fa és tornar-se en contra dels mateixos que han combatut la injustícia. La història s’ha d’aprendre per també desobeir i buscar un camí nou, però no estem educats ni preparats per això. El primer que hem d’aprendre és que la violència és una trampa. És la trampa en la que cauen els revolucionaris perquè no puguin fer mai la revolució. Quan un sistema tant injust com el capitalista té al davant un adversari que se li enfronta amb violència, li poden barrar el pas de seguida.

Les campanyes per al control de les armes estan guanyant força i han aconseguit ja diversos èxits. Té possibilitats aquesta lluita?

I tant. Aquests èxits són molt importants perquè tot i que semblen victòries petites són importantíssimes i signifiquen un esforç de molt anys. Això ens ha de fer adonar que costa molt canviar la societat però que és possible. Ara aconseguirem el control d’una arma però en sortirà una altra, doncs també estarem allà. I així sempre, perquè és una lluita de la vida contra la mort i la vida sempre és més forta que la mort, i els que defensem la vida som més forts que els que defensen la mort.

Un desig…

Canviem els exèrcits de guerra per exèrcits de pau, formats per gent preparada per intervenir en conflictes amb les armes de la noviolència. Entrenats per la interposició, la mediació, el diàleg… I canviar els despeses militars per despeses socials.

ZIZTADAK / TÁBANOS TRAILER from Fora de Quadre on Vimeo.

La primera de les activitats d’enguany serà la realització d’una sèrie d’entrevistes a alguns dels participants del FCForum 2012. Així que, per anar obrint boca, us deixem el text de presentació del FCForum 2012

Any rere any, la lluita per la defensa d’Internet i de la cultura lliure es reafirma amb més força, en tant que lluita per afiançar el canvi de paradigma que ha aportat l’era digital.

El 2012 ha vist grans victòries de la societat civil contra la barbàrie. Les temibles lleis ACTA, SOPA, PIPA han estat rebutjades per la pressió social; l’ONU reconeix la llibertat d’expressió a la Xarxa com a dret bàsic; revisar i filtrar enllaços és declarat il·legal a la UE; el govern suïs legalitza l’intercanvi; el constitucional alemany prioritza el dret a la llibertat d’expressió i informació sobre els interessos dels lobbies culturals; l’Informe Hargreaves promou una reforma justa del copyright a UK; Pablo Soto ha estata absolt; una sentència europea declara que bars, gimnasos, perruqueries i similars no han de pagar cànons a les entitats de gestió; les lleis antidescàrrega fracassen; les direccions IP no poden considerar-se proves per perseguir usuaris a US…

Tanmateix, no hem de baixar la guàrdia. Sempre aguaiten nous perills pel Compartir i la Xarxa tal i com la coneixem. Com bé indica Cory Doctorow, “la guerra del copyright és la versió beta del que està per venir”. Els lobbies del copyright i el poder imaginen un control sempre més intens sobre la forma en la que sumem els ordinadors. Els atacs emparats en l’excusa de defensar el copyright han sigut només el principi dels camps de batalla que es volen desplegar amb el fi d’intentar d’arrabassar a la societat civil les possibilitats de renovació cultural i econòmica, a més de política i social, que la Xarxa està permetent.

Però quelcom ha canviat. Les victòries aconseguides són la prova que la societat civil està preparada per defensar-se. Restriccions per a usuaris i creadors són sinònim de bloqueig a la invenció de noves formes d’economia i sostenibilitat. Davant d’això, seguim insistint amb nous models sostenible adequats a les noves condicions de la creació, ja que accelerar la reconversió de les indústries culturals desactiva una de les excuses que s’utilitza per intentar capar la Xarxa.

Per una altra banda, ens estem preparant per fer front a les noves amenaces que s’estan forjant. Les noves legislacions agressives, que inventen el “ciberdelicte” són un cas flagrant de manipulació de la legalitat per propiciar el control polític de la Xarxa. Per tot això, la societat civil està totalment decidida a substituir l’enfocament repressiu i la mutilació de la Xarxa amb una Agenda Digital Positiva (LINK) per a una renovació democràtica i acord als temps de les legislacions que concerneixen a l’ús de la Xarxa i la difusió de la informació de la cultura i el coneixement en l’era digital.

Protegir la Xarxa ens permet protegir una nova era, una eina de transformació democràtica. La ciutadania fa un ús cada cop més transformador de la Xarxa. No existeix lliure elecció sense lliure accés a la informació. Sense lliure elecció no pot haver una societat realment democràtica. Fins ara, les condicions per a un accés lliure, transparent i extens a la informació no s’havien donat sense la intermediació de lobbies de poder. Però ara la Xarxa ho esta construint, mentre destrueix d’una vega per totes aquests espais d’intermediació i els substitueix per espais de col·laboració i accés.

Els ciutadans cada cop més informats i connectats, estenen formes de control directe a través de la monitorització dels governs i corporacions, Transparència, accés a les dades públiques i llibertat d’informació, que els governs han intentat entorpir des de sempre, són prerequisits de qualsevol democràcia que pretengui ser-ho i existeixen ara cada cop més gràcies a l’esforç de la ciutadania autoorganitzada en Xarxa. Quant més ampli és l’espectre d’informació que els ciutadans poden obtenir dels governs i empreses, major és el coneixement i control que ells poden exercir.

El 2011, la Xarxa ha permès el sorgiment de grans moviments per a la transformació total del marc polític i social i està permetent la seva adaptació a les noves necessitats tàctiques del context del 2012. Amb tot això en ment, a l’FCForum 2012 tractarem les següents temàtiques i de totes elles n’extraurem conclusions i eines útils per actuar.

(Foto: Asamblea Logroño)

Nos llamaron golpistas. Dijeron que detrás estaban la extrema derecha, mintieron en los medios de comunicación una y otra vez, amenazaron por activa y por pasiva con que iríamos a la cárcel, trajeron 1400 policías, identificaron y denunciaron por lo penal a personas que solo estaban reunidas en un parque público hablando de la convocatoria. Intentaron meternos el miedo en el cuerpo como nunca lo habían hecho… Y el resultado es que decenas de miles de personas salimos a la calle a desobedecer el estado de excepción impuesto por el gobierno. Ahora todos los medios de comunicación del planeta hablan de lo que ha sucedido en Madrid el 25S.

Y sabemos que no es más que el principio.

El Gobierno de Mariano Rajoy es más débil que nunca. Afronta un triple problema de magnitudes cada vez más profundas. En primer lugar, una fuerte crisis de legitimidad con respecto a la ciudadanía, y esto no sólo entre las decenas de miles de personas movilizadas el 25S, sino también entre su propio electorado. El gobierno no tiene plan alguno más allá de insistir en la política de recortes, siempre acompañada de una dinámica represiva más intensa, al tiempo que inútil. La respuesta desmedida a las movilizaciones de ayer, la clandestina salida de sus “señorías”, las patéticas declaraciones de la mayor parte de los diputados. Digámoslo claramente, un gobierno que sólo se  sostiene sobre el monopolio de la violencia es un gobierno débil, moribundo, condenado.

En segundo lugar, una grave crisis del modelo territorial del Estado. Atrapado entre la postración a la troika (UE, BCE, FMI) que se  traduce en imposiciones políticas a los dictados financieros y en la desmembración de los pactos inter-élites que sostuvieron el reparto de poderes que se materializa en las Comunidades Autónomas, el gobierno central es poco más que un espantajo. A duras penas, puede mantener ya cierta unidad de acción con las élites territoriales, tal y como se muestra ahora con la “amenaza” de independencia por parte de CIU, capaz de movilizar (en un proyecto descaradamente neoliberal y oligárquico) a buena parte de la sociedad catalana. En este caso, la debilidad ya no es sólo la de este gobierno, sino del arreglo institucional, en su conjunto, que viene heredado de la Transición, al tiempo que nos muestra la necesidad de construir un nuevo modelo de democracia política y económica.

Por último, el gobierno se ha demostrado incapaz de enfrentarse a la Troika ydefender los intereses de su propia población, en alianza con el resto de los países de la periferia. Dicho de otro modo, el gobierno no ha dejado de obedecer las órdenes de los poderes financieros, que permanentemente obligan a profundizar la crisis social. En este marco, no hay más salida posible que la recesión y el empobrecimiento. Aquí deberemos seguir atentos, pues seguramente el viernes o el sábado, a más tardar, conoceremos  las contrapartidas que exige la Troika al nuevo rescate: reducción de la prestación del desempleo, aumento de la edad de jubilación, venta de activos y bienes comunes y nuevos recortes en los derechos de los trabajadores públicos. Hoy mismo la prima de riesgo se ha disparado muy por encima de los niveles de estos días, en lo que bien puede ser un recordatorio de la Troika, mediante la suspensión del programa de compra de bonos soberanos, de que el programa de contrapartidas  impuestas por las finanzas está por encima de cualquier “concesión” a las demandas de la ciudadanía.

Lo que hemos vivido el 25S en las calles de Madrid ha sido una primera prueba de la potencia de la organización colectiva.  Nos situamos en el comienzo de un probable ciclo de movilizaciones al que, sin embargo, aún no se han unido de forma masiva ni los empleados públicos ni los pensionistas. Debemos reconocerlo, la movilización del 25S ha tenido un claro sesgo generacional: la generación que no tiene vivienda, renta, empleo, que no ha votado la Constitución y que tampoco se siente legitimada por los pactos que han dado cuerpo a este modelo de Estado. Y sin embargo, es de esperar que la serie de medidas que a buen seguro tendrá que aprobar el gobierno anime a muchos más a sitiar el Congreso. Porque el problema es político, nuestra tarea sigue consistiendo en reunir la potencia social necesaria para detener el expolio común. Porque el problema es político, tenemos que conseguir volver a materializar la misma alianza que se viviera en las jornadas de julio, donde 15M, funcionarios de todo tipo, pensionistas, trabajadores de la educación, la sanidad y una multitud que acudía allí sin más adjetivos que su nombre propio se reúna, de nuevo, para señalar al actual ordenamiento constitucional, al bipartidismo imperante y a unas instancias de representación caducas. Y para decir bien claro que la democracia es otra cosa, que en este país, y en Europa, está por inventar.

La  delegación de gobierno de Madrid puede decir que había 6.000 personas movilizadas, puede hablar de golpismo, o puede compararnos con Tejero, pero su realidad y la nuestra caminan por realidades separadas. La inteligencia puesta en red tiene su propia capacidad para autonarrarse y no necesita mecanismos que “la representen”. Se trata de un buen ejemplo de la crisis de esta forma de Estado, que cada vez se parece más a una dictadura. Por eso, debemos gritarle una vez más: no somos espectadores, no nos representan.

El 25S ha terminado. Ahora viene lo mejor. El primer paso hoy a las 19h de nuevo en Neptuno, para demostrarles que seguimos adelante.

26/09/2012. Madrilonia.org